El General Oscar Naranjo es un hombre serio, inteligente, educado, articulado y amable, reposado, explica los problemas con claridad y, además, es un hábil político. Su presencia inspira confianza y se ha convertido en el símbolo nacional de la lucha contra la delincuencia. Su vida es la más agitada de cualquier persona en Colombia. Para cuanto problema hay de seguridad el gobierno nacional envía al General. Esta semana está dedicado a dirigir la Policía de Bogotá, después de los asesinatos de los sacerdotes, el atraco con armas largas al colegio El Rosario y el deterioro creciente de la seguridad. En los tres últimos años ha hecho lo mismo en Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, etc. Bajo la dirección del General el cuerpo policial participa en operaciones contra las Farc, rescata secuestrados, captura capos del narcotráfico y destruye cargamentos de droga, tiene la responsabilidad de acabar las bandas criminales, atiende las vías del país, lucha contra el microtráfico de drogas, desmantela redes de extorsión ciudadana, vigila las calles, detiene a raponeros y fleteros, protege personajes, detiene a policías corruptos, busca políticos corruptos, disuelve riñas, dispersa manifestaciones y la larga lista sigue. El General debe estar exhausto.
Pero a pesar del cansancio del General Naranjo, la realidad es que después de ocho meses y medio de que el presidente Santos ganara las elecciones, increíblemente, la política nacional de seguridad, que se suponía una fortaleza del nuevo gobernante, está muy embolatada: Aparte de unos magistrales golpes contra las Farc y unas capturas resonantes, la inseguridad viene creciendo a pasos agigantados por todo el país.
El gobierno nacional anunció una Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana, pero todavía no da señales de vida; la Alta Consejería que existía para la Paz y Reinserción desaparece en forma lánguida: nadie parece saber con precisión dónde están los desmovilizados individuales o colectivos y, por supuesto, mucho menos para dónde van. La situación jurídica de miles de desmovilizados sigue en el limbo, nadie da razón sobre el uso del principio de oportunidad, que se pensó sería la herramienta precisa para sacarlos de ostracismo jurídico en el que están. No se ha hecho un balance riguroso de los procesos de desmovilización y reinserción. La ley de Justicia y Paz sigue siendo una pesada carga para la Fiscalía que no cuenta con la capacidad para hacerla efectiva, como ha señalado Viviane Morales, la nueva Fiscal General. El espectro de las bandas criminales se extiende por todo el territorio; la palabra Bacrim hace ya parte del vocabulario nacional. La voz del General Naranjo, la única que faltaba, se escuchó la semana anterior: “Las bandas criminales son la principal amenaza para el país”.
El tema es mucho más urgente y serio de lo que se ha querido reconocer. Si el gobierno nacional no diseña una política integral de seguridad y convivencia, esa sí de verdadera concertación política de unidad nacional, el tema va a dar tumbos, en el mejor de los casos. Si no se avanza, será imposible adelantar un proceso de reparación a víctimas y una utopía pensar en un proceso de restitución de tierras como el que ha propuesto el gobierno.
Para finalizar, está la pregunta fundamental, la que nunca nos hemos tomado en serio como sociedad, la que todavía no aparece por parte alguna: ¿Porqué entra un joven por la puerta que conduce al mundo de la delincuencia en alguna de sus formas? No hay un solo programa nacional para jóvenes, aparte de la ley de primer empleo que no sabemos en dónde quedó sepultada. Los últimos datos del Dane muestran que crecen el subempleo y la informalidad, que los jóvenes tienen las tasas más altas de desempleo y que solo los que tiene algún tipo de educación superior se defienden. Los jóvenes del campo, en particular, con ni siquiera un mínimo de garantías, tienen por delante el más agrio porvenir. Si no tenemos una política que a cualquier joven le ofrezca entrar por la puerta de las oportunidades, independientemente del sexo, del color de la piel, del lugar de nacimiento y de la riqueza de sus padres, la puerta de entrada al mundo de la delincuencia en lugar de cerrarse se abrirá aún más. Vendrán unos y otros, año tras año, los mismos rostros una y otra vez, y el laberinto del General Naranjo se bifurcará hasta el infinito. Y prosperidad no habráEL LABERINTO DEL GENERAL NARANJO
El General Oscar Naranjo es un hombre serio, inteligente, educado, articulado y amable, reposado, explica los problemas con claridad y, además, es un hábil político. Su presencia inspira confianza y se ha convertido en el símbolo nacional de la lucha contra la delincuencia. Su vida es la más agitada de cualquier persona en Colombia. Para cuanto problema hay de seguridad el gobierno nacional envía al General. Esta semana está dedicado a dirigir la Policía de Bogotá, después de los asesinatos de los sacerdotes, el atraco con armas largas al colegio El Rosario y el deterioro creciente de la seguridad. En los tres últimos años ha hecho lo mismo en Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, etc. Bajo la dirección del General el cuerpo policial participa en operaciones contra las Farc, rescata secuestrados, captura capos del narcotráfico y destruye cargamentos de droga, tiene la responsabilidad de acabar las bandas criminales, atiende las vías del país, lucha contra el microtráfico de drogas, desmantela redes de extorsión ciudadana, vigila las calles, detiene a raponeros y fleteros, protege personajes, detiene a policías corruptos, busca políticos corruptos, disuelve riñas, dispersa manifestaciones y la larga lista sigue. El General debe estar exhausto.
Pero a pesar del cansancio del General Naranjo, la realidad es que después de ocho meses y medio de que el presidente Santos ganara las elecciones, increíblemente, la política nacional de seguridad, que se suponía una fortaleza del nuevo gobernante, está muy embolatada: Aparte de unos magistrales golpes contra las Farc y unas capturas resonantes, la inseguridad viene creciendo a pasos agigantados por todo el país.
El gobierno nacional anunció una Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana, pero todavía no da señales de vida; la Alta Consejería que existía para la Paz y Reinserción desaparece en forma lánguida: nadie parece saber con precisión dónde están los desmovilizados individuales o colectivos y, por supuesto, mucho menos para dónde van. La situación jurídica de miles de desmovilizados sigue en el limbo, nadie da razón sobre el uso del principio de oportunidad, que se pensó sería la herramienta precisa para sacarlos de ostracismo jurídico en el que están. No se ha hecho un balance riguroso de los procesos de desmovilización y reinserción. La ley de Justicia y Paz sigue siendo una pesada carga para la Fiscalía que no cuenta con la capacidad para hacerla efectiva, como ha señalado Viviane Morales, la nueva Fiscal General. El espectro de las bandas criminales se extiende por todo el territorio; la palabra Bacrim hace ya parte del vocabulario nacional. La voz del General Naranjo, la única que faltaba, se escuchó la semana anterior: “Las bandas criminales son la principal amenaza para el país”.
El tema es mucho más urgente y serio de lo que se ha querido reconocer. Si el gobierno nacional no diseña una política integral de seguridad y convivencia, esa sí de verdadera concertación política de unidad nacional, el tema va a dar tumbos, en el mejor de los casos. Si no se avanza, será imposible adelantar un proceso de reparación a víctimas y una utopía pensar en un proceso de restitución de tierras como el que ha propuesto el gobierno.
Para finalizar, está la pregunta fundamental, la que nunca nos hemos tomado en serio como sociedad, la que todavía no aparece por parte alguna: ¿Porqué entra un joven por la puerta que conduce al mundo de la delincuencia en alguna de sus formas? No hay un solo programa nacional para jóvenes, aparte de la ley de primer empleo que no sabemos en dónde quedó sepultada. Los últimos datos del Dane muestran que crecen el subempleo y la informalidad, que los jóvenes tienen las tasas más altas de desempleo y que solo los que tiene algún tipo de educación superior se defienden. Los jóvenes del campo, en particular, con ni siquiera un mínimo de garantías, tienen por delante el más agrio porvenir. Si no tenemos una política que a cualquier joven le ofrezca entrar por la puerta de las oportunidades, independientemente del sexo, del color de la piel, del lugar de nacimiento y de la riqueza de sus padres, la puerta de entrada al mundo de la delincuencia en lugar de cerrarse se abrirá aún más. Vendrán unos y otros, año tras año, los mismos rostros una y otra vez, y el laberinto del General Naranjo se bifurcará hasta el infinito. Y prosperidad no habrá
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